CÁTEDRA DE LA PAZ. GRADO UNDÉCIMO 02.

HOLA.

LAS TEMÁTICAS DE CÁTEDRA, LAS CUALES SERÁN EVALUADAS EN UNA SOLA PRUEBA ESCRITA. 

CÁTEDRA DE LA PAZ.

GRADO UNDÉCIMO

CONCEPCIÓN HISTÓRICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

Al comprender la realidad social como un complejo entramado de hechos interrelacionados, sea directa o indirectamente, el cientista requiere de un amplio bagaje de conceptos, definiciones, explicaciones e interpretaciones que solo pueden ser hallados en un cuerpo teórico sólido y coherente. Y es bueno aclarar que en las ciencias sociales no hay una teoría única, sino que existe una variedad de ellas, cada una inscrita o adscrita a una corriente ideológica, entendida esta última como una interpretación crítica o acrítica de la realidad, conforme a los intereses que represente.

La teoría puede ser definida como un conjunto de conocimientos sistematizados conceptualmente, es decir, una serie de conocimientos relativos a determinado campo que se organizan y pretenden explicar e interpretar la realidad sobre la cual trabajan. También es una construcción intelectual, producto del trabajo racional a partir de una realidad concreta, y surge (o debería hacerlo) de un sistema de hipótesis sometidas a verificación. Por tanto, se identifica un vínculo indisoluble entre ambas, pues, como elemento constitutivo del quehacer científico, la teoría surge de la realidad, y vuelve a ella para transformarla, en un proceso continuo y dinámico.

En nuestro medio es frecuente una falacia con referencia a los transmisores de teoría: suele llamárselos teóricos, sin tomar en cuenta que teórico es quien construye los sistemas propositivos a partir de la reflexión que surge de la cotidianidad, constituyendo la fase superior de todo proceso investigativo y reflexivo. Lo que vemos en nuestro medio son difusores de construcciones ajenas, o, a lo sumo, retóricos de la teoría que transmiten lo elaborado por otros. Esto, sin embargo, no debe ser tomado como algo negativo, ya que para toda ciencia son necesarios los diseminadores del conocimiento, ya sea en forma oral o escrita, y en esta instancia los aquí denominados retóricos de la teoría tienen una importancia capital.

En este punto también cabe hacer una distinción importante: la teoría para las ciencias en general debe estar escrita para ser tal. Sin embargo, no todo lo escrito es teoría. Tenemos por caso una novela, que siendo un relato rico en descripciones, no tiene por propósito explicar la multiplicidad de relaciones que pueden presentarse en su desarrollo. Por el contrario, existen varias investigaciones que, efectuando comentarios valorativos respecto a tales o cuales fenómenos no aportan nada nuevo en lo concerniente a la explicación de tales fenómenos o comportamientos, con lo cual se alejan, muy a pesar suyo, de efectuar un aporte teórico.

La teoría, entonces, puede definirse además como el producto racional que contiene una explicación para determinado fenómeno o problemática en el campo social, y de la cual pueden originarse soluciones con sentido práctico. Empero, la teoría, al constituir un nivel superior de tratamiento racional de cualquier fenómeno, requiere para su buen desarrollo de elementos descriptivos, que tienen directa relación con lo observado empíricamente. Sobre el punto, las secciones correspondientes a la recopilación de datos permitirán comprender esto.

Los conceptos, por otra parte, son las herramientas racionales que permiten un análisis crítico, preciso y coherente del objeto de estudio. Sin conceptos claros no existe una buena interpretación. Son, por lo tanto, indispensables para la teoría que se construye en las ciencias sociales. Además, se debe tomar en cuenta que, como señala Ely Chinoy (1960: 22) “...Los conceptos son un elemento esencial en la teoría, pero no son idénticos a ésta. La teoría consiste en un cuerpo de proporciones lógicamente conectadas sobre las relaciones existentes entre variables, esto es, conceptos”. Al margen de lo anotado, los conceptos deben ser comprendidos en primer lugar, para luego interpretarlos y aplicarlos en un contexto determinado. La alteración de este orden puede ocasionar resultados nada halagadores. Por ello, la concentración y la superación constante son una premisa para obtener resultados cuando menos aceptables.

En un trabajo académico muy difícilmente se podría proponer una teoría, e incluso la construcción y operatividad de un concepto nuevo, dadas las limitaciones en que el profesional y el estudiante promedio se desenvuelven. Mario Bunge (1993: 178) advierte al respecto: “En las ciencias sociales hay tendencia a dignificar con el nombre de teoría a cualquier montón de opiniones, por desconectadas que estén y por infundadas que sean. Casi siempre se trata de meros marcos teóricos o de doctrinas”. De esta forma, Bunge aclara que por muy interesante que se presente tal o cual enunciado, debe tomarse en cuenta que éste, incluso articulado a otros, no constituye necesariamente una teoría que explique un fenómeno.

Un elemento adicional que interviene en la construcción de toda teoría y, más concretamente, en el proceso de interpretación de la realidad lo constituyen las categorías. Dicho de un modo sencillo, categoría es todo conjunto de cosas, personas o fenómenos con características similares. En la investigación puede definírsela como el concepto aplicado o personalizado (si vale el término). Pongamos por caso un tema de investigación que trate sobre el niño de la calle. El concepto básico será niño, en tanto que las diferentes categorías que se concatenen a él serán niño abandonado, niño abusado, niño empujado a la violencia, entre otras. Los diferentes enunciados implican características comunes para los diferentes grupos sociales que se desea estudiar.

La teoría es útil en cuanto permite una modificación positiva de la situación real. Fuera de eso, es mera especulación o pedantería que aspira ser intelectualidad. Tanto la teoría como los conceptos tienen un papel importante en la adquisición, revisión y construcción del conocimiento científico en el campo social. Sin embargo, su uso está limitado a las herramientas cognitivas de que disponga el investigador social. Con tales aclaraciones, se explicará brevemente las características, alcances y limitaciones del método y la metodología.

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Desde el afortunado acuerdo de paz con la Farc, los enemigos de esa paz no han cesado sus ataques, los políticos a través de sus comentarios guerreristas y los grupos de extrema derecha, de extrema izquierda y los residuales de las Farc que no se desmovilizaron, han emprendido desde 2016 cuando se firma la paz, actos violentos con los cuales quieren intimidar a los desmovilizados, ya que muchos de los desmovilizados siendo los mayores responsables de dichos ataques, en primer lugar sus antiguos compañeros de lucha que no se desmovilizaron, en segundo lugar los integrantes del Clan del Golfo. Esa muerte selectiva en contra de aquellos desmovilizados, se le suma ahora el problema de seguridad que afrontan aquellos líderes campesinos y campesinos que no quisieron seguir sembrando mata de coca y aceptaron el llamado del gobierno para que hiciesen la sustitución de cultivos. De la muerte de esos campesinos, son muchos los posibles culpables, pero se tienen como principales autores a los grupos de narcotraficantes, los paramilitares, los integrantes del Eln, de los caparrapos y los disidentes de las Farc. En los siguientes artículos, he extraído alguna parte de la problemática que vive Colombia, especialmente en zonas del Bajo Cauca antioqueño, el departamento del Cauca, del Chocó y de Nariño, y la zona del Catatumbo donde tienen presencia regiones de los llanos orientales y de los santanderes y del César.

Los invito a que lean a conciencia los escritos y de su cuenta, escudriñen otros textos para que se den cuenta que ustedes por ahora tienen la fortuna de vivir en una zona donde la violencia no es tan inmisericorde, y excepto por la presencia de estructuras del microtráfico, la región no tiene en el momento presencia paramilitar ni guerrillera.

2020: un líder asesinado por día

En solo 17 días han asesinado cerca de 15 líderes. Más allá del debate sobre quién es un líder social, el Gobierno debe parar esta masacre. ¿Podrá hacerlo?

Solo en el primer día del año los líderes sociales tuvieron una tregua. Pero el 2 de enero volvió a comenzar la oleada de asesinatos que no cesa desde la firma de la paz con la Farc. Ese día, Carlos Cardona celebraba con algunos amigos en Ituango, Antioquia, cuando un desconocido se le acercó y le disparó. Cardona tenía 40 años, un hijo y lo acababan de nombrar subgerente del hospital de ese municipio. Su nombre aparece de primero en la lista de Indepaz, que ha registrado 21 líderes asesinados en lo poco que va de 2020. El Gobierno dice que hay 11 muertos, y prepara medidas.

La caravana de la muerte: los misteriosos asesinatos en moto que azotan Putumayo.

¿Hay 7 millones de líderes sociales en Colombia?

Oleada de violencia en Puerto Guzmán: Tres asesinatos y un intento de homicidio en menos de dos días.

Puerto Guzmán, en Putumayo, demuestra la gravedad de lo que está sucediendo. El 7 de enero asesinaron a Gloria Ocampo, una lideresa de amplio reconocimiento en su comunidad, secretaria de la junta de la vereda La Estrella y excandidata al Concejo. Ella, además, representaba a su comunidad en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (PNIS). Al día siguiente, según Recsur, una red que investiga la violencia en el sur del país, cuatro hombres en dos motos hicieron un recorrido macabro. Pasaron por tres viviendas, en las que tocaron puerta a puerta. En las dos primeras casas mataron a dos hombres que eran miembros de juntas. Al tercero, un líder del municipio, no lo encontraron porque alcanzó a advertir lo que le venía y huyó. Ese mismo día, en otras veredas, asesinaron a otras dos personas. Y el jueves pasado asesinaron a Yordan Tovar directivo de un sindicato campesino.

Indepaz ha registrado el asesinato de 21 líderes en 2020 (datos de enero), mientras que para el Gobierno son 11. La ONU cuenta alrededor de 15.

En septiembre pasado apareció en Putumayo un grupo de decenas de hombres armados que se hacen llamar “LA MAFIA SINALOA”. Al parecer esa estructura ha comprado los servicios de hombres que habían pertenecido a grupos guerrilleros o paramilitares, y negocia cocaína con los carteles mexicanos. Entraron tras declararle la guerra al frente Carolina Ramírez, disidencia de las Farc que dominaba el narcotráfico. Según el más reciente monitoreo de Naciones Unidas, ese departamento, con 26.400 hectáreas, es el tercero con más coca sembrada. Allí, con una institucionalidad débil, cualquier líder que encarne una alternativa distinta a la ilegalidad se convierte en un blanco fácil de estos criminales.

La reciente oleada de violencia ya acaparó la atención internacional. Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró profundamente preocupada, a la par que entregó la cifra oficial de 107 líderes asesinados en 2019, a los que podrían sumar 13 casos en verificación. La Defensoría del Pueblo reporta 118 asesinatos en ese periodo, y 15 en estudio. Mientras tanto, el diario londinense The Guardian calificó a Colombia como “la nación más sangrienta” contra los defensores de derechos humanos. El prestigioso medio recogió un informe de Front Line Defenders. Este indica que de cada tres activistas asesinados durante 2019 en todo el mundo, uno de ellos era colombiano. El país superó de lejos a Filipinas y Honduras, los siguientes en la infame lista.

Los muertos

La mayoría de los líderes asesinados en lo que va del año pertenecían a juntas de acción comunal. Dos de ellos coordinaban procesos de sustitución de cultivos ilícitos y varios eran indígenas, entre ellos una sabedora y médica tradicional del pueblo nasa. Hay una lista preliminar de 21 muertos, pero aún faltan verificaciones en curso, pues los números varían dependiendo de la fuente. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez (ya no es ministra del interior), tiene reporte de 11 asesinatos en lo que va del año, a partir de información de la Policía. En enero de 2018 y 2019 el Gobierno registró la muerte de 11. Es decir, los mismos que reportan este año en solo la mitad del mes. Según el criterio de conteo de la ONU, podrían ser 15.

La diferencia en los distintos registros se debe a un viejo debate: ¿A quién considerar líder social? Por ejemplo, es común que la mayoría de los habitantes de una vereda estén afiliados a una junta de acción comunal. En todo el país, 7 millones de personas hacen parte de esas organizaciones, y eso no significa que todos sean líderes. Por eso hay diferencias como que, para la Defensoría, desde la firma del acuerdo de paz han matado alrededor de 555, mientras que para Indepaz son casi 750. Pero con una cifra o la otra, el panorama es aterrador. Y el hecho de que tantas de las víctimas hagan parte de las juntas muestra que los criminales buscan debilitar los procesos asociativos locales. Estos, en muchos territorios, son los únicos que valientemente le pueden plantar algún tipo de resistencia a la ilegalidad.

La ONU marca alerta por incremento de asesinatos a líderes sociales.

En lo que va del año, al menos la mitad de ellos murieron asesinados en Putumayo y Cauca, lo que demuestra que los líderes sufren el fuego cruzado en zonas donde los criminales se disputan el control de las rentas a sangre y fuego. En el primer departamento, la mafia Sinaloa pretende desplazar a las ya establecidas disidencias. En el otro, las disidencias comandadas por el despiadado Mayimbú aterrorizan a la gente, en medio de su guerra con el ELN y un reducto de los Pelusos. En esa disputa han atacado a los indígenas que intentan preservar la autoridad en sus territorios. Además de estos dos departamentos, Nariño y Antioquia tienen la mayor cantidad de líderes asesinados en los años pasados. Allí padecen situaciones similares: varias estructuras disputan el narcotráfico y la minería ilegal.

En esencia, esta máquina de muerte ataca principalmente a quienes promueven la sustitución de cultivos, a quienes coordinan procesos de restitución de tierras y a los grupos étnicos que ejercen el control en los territorios. Según la Fiscalía, los principales asesinos de los líderes son, en ese orden, la delincuencia común, el Clan del Golfo y las disidencias de la Farc. El ente investigador, en un importante avance, ha podido establecer responsabilidades e hipótesis de los crímenes de líderes en más de la mitad de los casos. Recientemente ha llamado la atención que los grupos convirtieron a las mujeres en un blanco más regular. En 2018 mataron a 12 lideresas y en 2019 a 19, según la Defensoría. En enero ya van cuatro.

En Nariño se encuentran muchas comunidades confinadas por enfrentamientos armados y amenazas.

En el fondo, la violencia contra los líderes sociales poco ha cambiado en los últimos tres años, tras la firma del acuerdo de paz. Pero el comienzo de 2020 es uno de los peores periodos. Y eso puede tener mucho que ver con la llegada de los nuevos mandatarios locales, a quienes los criminales pretenden notificar del poder que ejercen. “Los actores violentos aprovechan el cambio de administraciones locales y departamentales para enviar un mensaje de poder”, dijo Carlos Negret, defensor del pueblo. Urge cortar esta racha.

Las soluciones

La oleada de asesinatos de líderes lleva más de tres años incontenibles. Ese hecho deja en claro que las medidas tomadas han resultado insuficientes. Y esto pasa por varias razones. “Aquí ha faltado articulación entre las entidades nacionales y locales. Los mandatarios departamentales y municipales tienen que incorporar en su plan de desarrollo políticas de protección a los líderes sociales. Hasta ahora, se han desentendido de esos crímenes, sobre todo en políticas de prevención”, dijo el procurador Fernando Carrillo. En ese sentido, la llegada de los nuevos gobernadores y alcaldes es una buena oportunidad para que el Gobierno nacional promueva una política pública en materia de defensa de líderes que se implemente desde lo local.

Justamente en agosto pasado, los representantes de líderes presentaron una propuesta de política al Comité Nacional de Garantías de Seguridad, donde están el Gobierno, la fuerza pública y otros entes. Para el procurador Fernando Carrillo, ese es el planteamiento más completo que ha visto en esa materia. Incluye figuras para proteger a las personas que participan de la sustitución de cultivos, el desarrollo de estrategias contra la estigmatización y los discursos de odio, y la investigación penal en el contexto de los patrones de los asesinatos.

Para Negret, la estigmatización de los líderes, a quienes señalan por sus labores sociales, sigue impulsando los ataques. Mientras tanto, para Camilo González, director de Indepaz, “en los territorios más críticos ha sido muy lenta la llegada social del Estado. El problema del Gobierno es que insiste en una política de guerra en esos territorios, y no en una política de paz”. González señala el siempre diagnosticado problema de fondo: la necesidad de acompañar las respuestas policiales y militares con alternativas sociales y económicas en las regiones más azotadas por los violentos.

Líderes: sigue la tragedia.

El año pasado hubo ocho asesinatos de líderes menos que en 2018, y eso muestra que el Gobierno no ha descuidado el tema. La ministra Gutiérrez reconoce la complejidad del problema, derivada del control que ejercen los ilegales en zonas donde hay dificultades para la presencia institucional por razones como la topografía y la falta de recursos para el desarrollo. “La situación debe abordarse desde una perspectiva multiagencial, pues requiere de la participación de diversos sectores. Es por esto, que desde el comienzo del gobierno se puso en marcha el Plan de Acción Oportuna, para la protección de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas. Esto con el objetivo de convocar a la institucionalidad nacional y local a estos territorios, escuchar de los líderes su situación y revisar las acciones de las autoridades para garantizar el bienestar de la población y proteger el ejercicio del liderazgo en estas zonas”, dijo.

Preocupado por lo que está pasando, esta semana el Gobierno activó un grupo élite integrado por funcionarios de la Fiscalía y de Naciones Unidas para investigar cada uno de los asesinatos de líderes ocurridos en lo que va del año.

Duque reitera su idea de erradicar de nuevo con glifosato y Estados Unidos ofrece US$5.000 millones de dólares de inversión.

Bojayá ofrece el ejemplo de la eterna espiral de violencia en la que parecen atrapados los pobladores de muchas regiones. Y Leyner Palacios muestra cómo esas comunidades resisten a la barbarie. Aunque perdió 32 personas allegadas en la matanza perpetrada por las Farc en 2002, él regresó a su pueblo y, como representante de las víctimas, se convirtió en un líder reconocido a nivel mundial. Apenas comenzaba el año cuando le llegó una amenaza en la que lo sentenciaban a muerte si no se iba del municipio en menos de 24 horas. Hoy, Bojayá padece la presencia del ELN y del Clan del Golfo, y Palacios lo ha denunciado. Ahora él ha tenido que irse, y la verdadera tragedia consiste en que, sin sus líderes, las comunidades más vulneradas quedan aún más desprotegidas.

El columnista CARLOS CAMARGO ASSIS en su escrito “Todos unidos en defensa de la vida”. Ofrece unas reflexiones importantes sobre la temática abordada por la Revista Semana en su edición del 18 de enero de 2020. Veamos sus opiniones al respecto:

El asesinato sistemático de los líderes sociales estremece a Colombia y a la comunidad internacional. 2020 comenzó con una escalada de muertes en las regiones, que exigen la acción contundente del Estado y la masiva movilización ciudadana para repudiar este fenómeno delincuencial.

La Federación Nacional de Departamentos, FND, ha dado un paso adelante en la tarea convocando junto con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, a los 32 secretarios de gobierno departamentales a una jornada de capacitación para escucharlos, sensibilizarlos y darles herramientas para afrontar esta tragedia que impacta negativamente la confianza en la democracia.

En la sede de la FND, con la presencia de los representantes en Colombia de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Iberoamericanos, se abordarán cuatro temas esenciales para entender y afrontar la grave situación que afecta a los territorios y arrasa los liderazgos sociales: protección a la vida, diálogo social, alertas tempranas y elaboración de la política pública de protección.

El objetivo del evento es avanzar para que en los planes de desarrollo departamentales el tema ocupe un lugar privilegiado, con objetivos claros y metas medibles, presupuesto y acciones concretas, siempre en concordancia con lo ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo y la normatividad existente. Es urgente aprender las lecciones aprendidas en regiones marcadas por la violencia, como en los 11 municipios del Catatumbo, Norte de Santander, en donde el presupuesto dirigido a prevención y protección no superó el 1 por ciento del total de recursos dirigidos a la protección de potenciales víctimas.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ha reiterado la obligatoriedad que tienen los mandatarios territoriales de incluir en los planes de desarrollo este asunto. Sin duda, más allá de las acciones que emprenda el Gobierno Nacional, los alcaldes y gobernadores deben tener una enorme capacidad de liderazgo en la garantía de la vida. Así lo entendieron los mandatarios del período pasado, así lo harán los gobernadores actuales.

La estrategia humanitaria del Procurador Carrillo se ha caracterizado por una acción preventiva permanente en los territorios, trabajando de la mano de las organizaciones sociales, abriéndoles la puerta del Ministerio Público, escuchándolos en sus reclamos de garantías a sus derechos y exigiendo acciones de los responsables. Tiene mucho por mostrar a los nuevos funcionarios.

La FND ha acompañado al Ministerio Público en las convocatorias de las Mesas por la Vida, que han acercado a las organizaciones sociales, el Estado y la comunidad internacional, propiciando soluciones a la problemática. Precisamente, en la Mesa por la Vida de Apartadó, el Presidente de la República, Iván Duque, firmó el Pacto por la Vida, en donde se comprometió a elaborar una política pública de protección a las personas defensoras de derechos humanos. El país sabe que el Jefe del Estado esta honrado su palabra y ha puesto el tema como un asunto prioritario de su mandato.

La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lidera el diseño de ese trascendental documento, cuyos lineamientos presentó el Presidente Duque en Cartagena, el pasado 10 de diciembre. El próximo martes 28 de enero, en el segundo día del encuentro con secretarios de Gobierno, se realizará, precisamente, un taller para avanzar en el diseño de ese instrumento de política pública, que deberá ser firmado en el primer semestre de 2020, con el aval de los gobernadores y alcaldes, y el de todos los actores políticos y sociales. La defensa de la vida debe unirnos, no dividirnos. Salvar vidas es un mandato ético en un país enfermo tras 52 años de guerra fratricida, en donde la disputa por el poder territorial no da tregua y se exige la presencia del Estado en toda la geografía.

Un elemento esencial en la protección de la vida es, además, el Sistema Nacional de Alertas Tempranas que dirige la Defensoría del Pueblo, cuyas advertencias deben ser de obligatoria observancia por los mandatarios territoriales. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, trabaja para que el tema, igualmente, se incorpore a los planes de desarrollo departamentales. Atender las alertas tempranas es una enorme responsabilidad de los funcionarios regionales.

En la pasada Mesa por la Vida de Cartagena, celebrada el pasado 9 de diciembre, una de las conclusiones después de una larga jornada de reflexión a muchas voces, fue, precisamente, incluir en los planes de desarrollo departamentales y municipales las muchas iniciativas para detener el desangre. Con evento, finalmente, estamos demostrando que trabajar unidos por la defensa de la vida no es un simple eslogan, sino un mandato ético que cumplimos para bien de la democracia.

LA CARAVANA DE LA MUERTE: los misteriosos asesinos en moto que azotan Putumayo

Artículo de Revista Semana.

Hombres en moto se mueven como fantasmas por las carreteras de Puerto Guzmán, Putumayo. Tocan a las puertas, llaman a las personas por su nombre y las asesinan. En tres semanas van al menos 6 muertos, otros han podido escapar. ¿Por qué nadie detiene a los matones?

La caravana de la muerte atraviesa al anochecer las trochas de Puerto Guzmán Putumayo. Nadie conoce a los asesinos, pero ellos se mueven como si esa tierra les perteneciera. Se bajan de sus motos, tocan las puertas y llaman a sus víctimas con nombre propio. Se trata de líderes sociales o de campesinos que abandonaron el cultivo de la cosa. Cuando el sentenciado sale a atenderlos, los motoristas disparan sin decir una palabra. Luego vuelven a la carretera, y siguen su camino mortal. Así ya van al menos seis muertos en tres semanas. Otros pocos pudieron escapar por entre el monte para contar su historia.

2020: un líder asesinado por día

ONU marca alerta por incremento de asesinatos a líderes sociales

Dos de esas motos le pasaron frente a Arturo Tovar a las 5:30 de la tarde del 8 de enero. Su nombre aparecía en la lista de los que tenían que morir. El campesino estaba en la tienda de víveres que montó en su finca de la vereda Buena Esperanza, cuando escuchó el ruido de los motores. Milena Galeano, la esposa de Arturo, estaba en la cocina y por la ventana alcanzó a ver a los extraños que venían subiendo por la carretera destapada. No reconoció el rostro de ninguno de los tres aunque lo llevaban descubierto. Al otro no le pudo ver la cara porque tenía un casco. Este hombre inquietó a Milena cuando señaló la casa, como diciéndoles a sus cómplices “aquí es”.

Pero no pararon. Las motos desaparecieron en la carretera. Arturo cerró la tienda, y los esposos se juntaron con sus dos hijos sin darle atención especial al episodio.

Diez minutos después, los desconocidos llegaron al sitio en el que la carretera se bifurca y tomaron la dirección hacia la vereda Caño Sábalo. Eran más o menos las seis cuando se detuvieron frente a la modesta casa en la que vivía un hombre callado, de esos que, dicen quienes lo conocieron, rara vez se toman un trago y nunca causan alboroto. Un campesino inscrito en el programa de sustitución de cultivos ilícitos y afiliado a la junta de su vereda. Los extraños gritaron su nombre: Óscar Quintero. Pero su esposa salió a atender. Desprevenida, les dijo que él estaba en el potrero encerrando el ganado, muy cerca del lugar. Los hombres se fueron a buscarlo. Óscar corrió unos 50 metros, luego sonaron los tiros y cayó sobre el pasto. Su esposa, desde la casa, lo vio todo.

La caravana volvió a la carretera sin prisa. Se devolvieron hasta el punto donde se divide la vía y tomaron el otro camino, el que conduce a la vereda Los Mangos. En Puerto Guzmán ya empezaba a oscurecer. Sobre las 6:30, las motos se detuvieron de nuevo. Esta vez en la casa de Gentil Hernández, un jornalero que cortaba tablas para ganarse el sustento. Al igual que Óscar, estaba inscrito en la junta de su vereda y había erradicado la coca de su finca en el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Los desconocidos tocaron en la casa, donde funcionaba una pequeña tienda, y la esposa de Gentil atendió. Le pidieron unas cervezas, y la mujer se fue a la cocina a buscarlas. Mientras tanto, llamaron por el nombre a Gentil Hernández, que estaba viendo televisión junto a su hija. El campesino se asomó por una ventana y recibió el primer tiro en la mano. Luego lo remataron.

Esta crisis parece tener su origen en la llegada de una alianza criminal autodenominada “Mafia Sinaloa”

Para ese momento, Arturo Tovar ya había olvidado el episodio de las motos extrañas que pasaron por su casa. El hombre había tenido un día duro, al fumigar un potrero junto a su hijo de 15 años. Solo les había faltado rociar un pedazo del terrero porque les ganó el cansancio. Arturo le dijo a su muchacho que terminarían al otro día. La tarea quedaría pendiente para siempre. Los desconocidos habían retomado la carretera, de nuevo hacia la casa de esa familia.

Puerto Guzmán parece vivir la continuación de una amenaza que comenzó en la madrugada del 13 de septiembre de 2019. Ese día, decenas de hombres armados entraron al pueblo en camionetas y asesinaron a tres personas en la vereda La Perla. Luego reunieron a los pobladores, se identificaron como la mafia Sinaloa y dijeron que habían llegado para quedarse. Según las alertas de la Defensoría del Pueblo, este grupo resultó una mezcla perversa: miembros de la banda criminal LA CONSTRU, disidentes de los frentes 32 y 49 de las Farc, y grupos residuales de la desmovilización paramilitar. Estos habrían llegado a disputar el control del narcotráfico con las disidencias de los frentes 1 y 48, que se habrían aliado para enfrentar a la mafia bajo el nombre Frente Carolina Ramírez.

Denuncian tres asesinatos e incursión de decenas de hombres armados en Putumayo

La violencia desatada no solo afecta a Puerto Guzmán, sino a todo Putumayo. En el tercer departamento con más coca sembrada, según la ONU, hay muchas zonas a las que la fuerza pública no se atreve a entrar. Putumayo es territorio estratégico porque conecta con las fronteras de Perú y Ecuador, y está en medio de un corredor que une llanos, la Amazonia y el Pacífico. Las armas, la droga, todo puede moverse por un entramado de grandes ríos como el Caquetá y el Putumayo.

“Ahí viene bajando esa gente”, le dijo Milena a Arturo cuando volvieron a escuchar las motos que, esta vez, sí se detuvieron frente a su casa de tablas y zinc. “Buenas”, dijeron los desconocidos más o menos a las siete de la noche. Milena, con un mal presentimiento, dijo que ella los atendía. Dejó la loza a un lado, se secó las manos y salió a la puerta. Apenas asomó medio cuerpo para contestar: “Buenas, a la orden”.

“¿Usted me puede prestar una llave número 10?”, le preguntó uno de ellos sin bajarse de la moto, y agregó que tenían problemas mecánicos. “No tengo, pregunte donde el vecino”, contestó ella. Entonces el desconocido insistió en que le facilitara al menos un alicate. “No, señor, no tengo”, dijo Milena y cerró la puerta. La mujer se quedó espiándolos por las brechas de las tablas.

Un hombre alto, gordo, moreno y con la cara marcada por el acné se acercó a la casa. “Salga, Arturo, que necesitamos hablar con usted”, dijo. En ese momento, sin que el desconocido lo advirtiera, Milena descubrió que llevaba una pistola. Corrió a rogarle a su esposo que por nada del mundo fuera a salir. Pero Arturo pensó que si se quedaba adentro, podrían tirarles una granada y matar a toda su familia. Entonces se puso las botas, se encintó el machete y agarró una escopeta de fisto que solía usar para espantar los zorros lejos de sus gallinas, o a los pájaros que acechaban a los peces de su pozo.

Milena hizo que sus hijos se arrodillaran con ella y se pusieron a rezar. Arturo apagó las luces interiores y dejó encendidas las de la fachada. Montó la escopeta, un arma hechiza a la que apenas le cabe un tiro, y que muchas veces no funcionaba. Salió sigiloso por la puerta trasera.

Arturo Tovar y Milena Galeano se conocieron en los noventa en Caquetá, de donde la guerra los sacó corriendo hacia Ecuador. Estuvieron allá hasta que, en 2012, compraron la finca en Puerto Guzmán. Les gustó porque quedaba junto a una carretera y una escuela, en donde podían estudiar sus hijos. Con los años, Arturo se convirtió en un vocero importante de la comunidad, tanto que lo eligieron para representar a un núcleo de 14 veredas. Desde ahí lideraba proyectos para desplazados y también la sustitución de la coca. El año pasado denunció irregularidades en contratos de la alcaldía, y recibió algunas amenazas. Sin embargo, es difícil creer que ese hecho puntual haya desatado este recorrido de la muerte que no solo lo incluía a él.

Arturo pensó que si se quedaba adentro, podrían tirarles una granada y matar a toda su familia. Entonces se puso sus botas, se encintó el machete y agarró una escopeta de fisto que solía usar para espantar los zorros lejos de sus gallinas.

Arturo apenas había dado unos pasos al salir por la puerta trasera cuando se encontró de frente con uno de los matones que pretendía rodear la casa. Era un hombre, a ojo, de unos 20 años. Mediano, de tez clara y con mechones de pelo pintados de dorado. Arturo le apuntó con la escopeta en el pecho y, mirándolo a los ojos, le preguntó: “¿Qué necesita?”. El desconocido arrancó a correr hacia donde estaban sus secuaces. Arturo volvió a entrar a su casa, trancó la puerta con un hierro y se asomó por una ventana, con la escopeta cargada.

La familia Tovar escuchó el ruido de las motos que se alejaban, pero sabían que el peligro no había cesado. Arturo llamó a la Policía, para que interceptaran las motos en el sector de Santa Lucía, un paso obligado para salir de esa vereda. Pero los uniformados le contestaron que eso era zona roja y que no tenían permiso para ir. Entonces se atrincheró en su casa.

Había pasado media hora cuando la familia volvió a escuchar una moto que se acercaba hasta detenerse frente a la casa. Dos hombres se bajaron y tocaron la puerta. Arturo se alistó para enfrentarlos, pero cuando se asomó, los reconoció. Eran dos vecinos de la vereda Los Mangos que querían comprarle velas. Entonces le contaron que cuatro hombres acababan de asesinar a Gentil Hernández, y que la viuda estaba nerviosa y quería velarlo.

Arturo supo de inmediato que quienes mataron a su vecino ahora vendrían por él. Luego pensó en Gentil, un viejo conocido, que solía parar en su tienda a conversar, mientras las hijas de los dos hombres jugaban alrededor. Los vecinos se fueron con sus velas y Arturo recibió una llamada. Era la Policía. Le advirtieron que se encerrara en su casa porque cuatro hombres acababan de matar a Óscar Quintero, a quien Arturo también conocía. Entonces supo que tenían que huir esa misma noche.

La familia empacó sus pertenencias entre sábanas amarradas. Luego de varias llamadas, consiguieron que el Ejército llegara a sacarlos de allí. Se fueron en un camión rodeados de soldados. Atrás dejaron una finca de 51 hectáreas con vacas, gallinas, un caballo y un pozo con 700 alevinos de cachama y tilapia. El producto del trabajo duro de ocho años.

En las primeras conversaciones, cuando aún estaban huyendo, la familia pensaba que solo Arturo tenía que irse. Pero él, al salir de la vereda, pudo conectarse a internet, y se enteró de que dos días antes habían asesinado a Gloria Ocampo, una lideresa que él solía encontrarse en las reuniones de Acción Comunal. “También están matando a las mujeres”, pensó, “tenemos que irnos todos”.

Lo de Gloria Ocampo, una líder de sustitución de cultivos y excandidata al Concejo de Puerto Guzmán, fue muy parecido. Cuando empezaba a anochecer, el 6 de enero, una moto –o tal vez más- paró frente a su casa. Fernando, su esposo, estaba acostado viendo televisión junto a su hija de 10 años. Gloria acababa de bañarse y se secaba el pelo, sentada al borde de la cama. La mujer salió a ver quién había llegado. Fernando lo escuchó todo desde la habitación: “¿Usted es la señora Gloría?”, preguntó un hombre. Ella respondió que sí y luego gritó: “Dios mío, Fernando, Fernando”. Su esposo se paró de un salto y agarró su vieja escopeta. Afuera sonaron tres disparos. Fernando agarró a su hija, que quería correr hacia su madre, y como pudo disparó hacia la calle. Luego escuchó más tiros afuera.

Cuando notó que la moto se iba, corrió y encontró a su esposa agonizando en el umbral de la puerta. Salió en su moto para buscar ayuda. Apenas había recorrido 50 metros cuando se tropezó con un cuerpo. Se acercó y reconoció a un anciano que vivía en la misma vereda. Al parecer, los desconocidos lo sacaron a la fuerza de su casa para que les indicara donde vivía Gloria, y una vez le dispararon a ella, también lo mataron a él.

Con respecto a lo anterior se dice:

“El fiscal no está del todo equivocado, hay un solo asesinato de líder social confirmado en 2020”, dice Vivanco de Human Rights

“Es como una barrida para generar pánico”, dice Arturo Tovar, que ya decidió nunca volver a su finca. No solo los mencionados en este relato han muerto o han salido desplazados en los pocos días transcurridos de este año. Al menos seis personas murieron asesinadas en Puerto Guzmán en las últimas tres semanas, la mayoría en circunstancias similares. Al menos otros tres hombres, además de Arturo, pudieron escapar de los matones que tocaron a sus puertas y los llamaron con nombre propio. Esas motos siguen como fantasmas por Puerto Guzmán, sin que las autoridades digan siquiera quiénes son. De momento, nadie parece capaz de detenerlas.